En 2007 entró en vigor la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, que ya ha sufrido una modificación desde entonces, en el año 2017. Entre otras, esta ley afecta a las empresas de logística.

Las nuevas obligaciones de la Ley de Responsabilidad Ambiental

Esta ley ha establecido para las empresas una obligación de poner en marcha medidas de prevención y reparación de los posibles daños ambientales que cause su actividad. También implica que, si la empresa es culpable, deberá sufragar los gastos de reparación de esos daños.

En este sentido, con la reforma de 2017 se establecieron unas fechas para constituir una garantía financiera. Esto significa que las empresas deben demostrar que serían capaces de hacer frente a esos hipotéticos gastos.

¿Cómo afecta a las empresas de transporte?

Las empresas de prioridad 1, según la reforma de 2017, tenían hasta el 30 de octubre de 2018 para constituir su garantía financiera. Para las empresas de prioridad 2 se estableció un plazo algo mayor: el 30 de octubre del presente año. Las empresas de transporte no entran dentro de ninguna de estas categorías, por lo que el establecimiento de esta garantía no es obligatorio, pero sí recomendable para adaptarse a las nuevas tendencias sostenibles del mercado.

¿Qué es la garantía financiera?

Las empresas deben demostrar que pueden ser capaces de hacer frente a los gastos de reparación de daños. Por ello, en los plazos previstos, deben realizar un análisis de riesgos ambientales. La obligatoriedad de suscribir esta garantía corresponde a las empresas que obtengan, en ese análisis de riesgos, una cuantía superior a 2.000.000 € y a las que, estando entre 300.000 € y 2.000.000 €, no dispongan de la certificación ISO 14000. Las empresas de logística deben estar al tanto de las normativas medioambientales y sus nuevas responsabilidades. De este modo, se encontrarán preparadas para afrontar los nuevos retos del mercado sostenible.